El presidente del PP, Pablo Casado, ha presentado en una visita a Badalona, junto al alcalde de este municipio, Xavier García Albiol, y junto al presidente de este partido en Cataluña, un proyecto de ley para "erradicar la okupación ilegal de viviendas" registrado en el Congreso de los Diputados. Un proyecto que consta de cinco puntos: que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una vez denunciada la okupación, puedan desalojar el inmueble en doce horas, recuperar las penas de prisión de uno a tres años por okupación ilegal, que los okupas no se puedan empadronar, que las comunidades de propietarios puedan actuar frente a la autoridad judicial y que las personas jurídicas tambien puedan iniciar los procedimientos de desalojo.
Los reproches por los casos de corrupción han marcado un pleno en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al líder del PP, Pablo Casado, “demostrar” que su partido no es ya el mismo que el de Mariano Rajoy y José María Aznar. Casado, por su parte, le ha acusado de usar a la Fiscalía como su “comisaria política” y, junto a Inés Arrimadas (Cs), ha pedido a Sánchez aclarar si piensa actuar ante una posible imputación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado han vuelto a protagonizar una nueva tensa sesión de control en el Congreso. "Toda España sabe que ustedes taparon el 'caso Gurtel' con el 'caso Kitchen'", le ha dicho Sánchez a Casado. El líder del PP ha respondido preguntando a Sánchez si sacará del Gobierno a Pablo Iglesias si este es imputado.
En la Sesión de control al Gobierno, el líder del PP ha preguntado al presidente del Gobierno qué "recortes" van a "soportar" los españoles" en los próximos años". "En lugar de agradecer a los sanitarios su trabajo les receta una congelación de sueldo", ha dicho Casado, "esto es lo que esconden sus presupuestos". Sánchez ha respondido al líder de la oposición que "los únicos recortes que necesita España es recortar la corrupción del PP", y que el Gobierno está "convencido de cumplir la Constitución del primero al último de sus artículos".
El ministro de Transporte y secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de estar utilizando la "estrategia del calamar" para desviar la atención del 'caso Kitchen'. "Es lamentable que Casado recurra a los fallecidos para no hablar del grave problema que tiene en su partido. Si su respuesta es atacara a los demás, queda claro que no quiere cambiar nada en el PP", ha dicho Ábalos.
Además, Ábalos ha reconocido que el Gobierno no puedo culminar la desescalada como habría querido y ha responsabilizado de ello a los que votaron en contra de prorrogar el estado de alarma. "Al Gobierno le habría gustado terminar la desescalada de un modo muy controlado, pero nos escontramos con una oposición muy grande en el Parlamento", ha dicho el ministro, que ha descartado volver a aplicar el estado de alarma en todo el país. "España no puede estar permitiéndose estados de alarma alternos como una serie, es una política errática".
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en una entrevista en la Cope ha afirmado sobre la operación 'Kitchen' que "no voy a pasar ni una y que quien la haga la pagará" y ha añadido que "no voy a admitir dobles varas de medir, ni condenas de telediario y por supuesto, juicios paralelos en un gobierno que tiene al vicepresidente con su partido imputado por financiación irregular". Casado ha asegurado que "por ahora" no le preocupa porque el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez es el "único imputado" y "no está afiliado" al PP.
Los movimientos de Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, fueron muy controlados a través de informes diarios por el Ministerio del Interior desde julio de 2013 y hasta febrero de 2014, según un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.
El levantamiento de sumario del la caso ‘Kitchen’ ha aportado nuevos datos sobre la presunta trama, que habría estado financiada por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy con el fin de robar al matrimonio Bárcenas documentos comprometedores para el PP. Para ello, se habría creado un operativo “parapolicial” en el que habría participado el excomisario José Manuel Villarejo, y para el que se habría fichado como colaborador al chófer del matrimonio, Sergio Ríos.
“La rubia sale de casa y se monta en un vehículo ranchera color negro, conducido por el moro”, aparece en uno de los seguimientos realizados, en referencia a Iglesias y al chófer, apodado ‘el moro’. En los informes aparecían todo tipo de detalles, con énfasis qué tipos de bolsos, bolsas o documentos llevaba o entregaba.
El chófer era la persona clave. Tenía como misión localizar las grabaciones y documentos comprometedores para el PP y para personas como la exministra de Defensa y ex número dos del partido, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas o el mismo Mariano Rajoy, según algunos de los nombres citados en las conversaciones de Ríos con Villarejo.
“Hay que darle al tarro para encontrarlo, macho, (...) por eso te digo que todo lo que sea, recuperar esas grabaciones, los discos duros y tal”, dice Villarejo en una de ellas.
El excomisario habría sido uno de los encargados de pagar a Ríos, una función que compartía con una persona vinculada a la Policía Nacional y a la propia Cospedal.
Pero Ríos no solo recibió dinero -se estima que entorno a 48.000 euros, 2.000 mensuales-, sino que en el sumario figura la compra de una pistola para él, cuya factura firma el comisario Jorge García Castaño.
Pero el espionaje iba más allá. Según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF), Interior tendría también como objetivo localizar “situaciones de vulnerabilidad” de Bárcenas y de su entorno “para aprovechar como arma a favor en una negociación”, lo que podría traducirse en posibles chantajes o en buscar la forma de anticiparse a la acción de la justicia.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado de "histórica" la primera derrota del Gobierno de coalición en el Congreso en la votación del decreto sobre el superávit de los ayuntamientos, que cree que muestra "un grave problema de debilidad" del Ejecutivo "y, sobre todo, de arrogancia e incompetencia a la hora de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas e instituciones".
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que los partidos que han votado en contra de la propuesta del Gobierno no pueden limitarse a pedir "otra cosa" y ha apelado a su responsabilidad de presentar una alternativa.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el rechazo del Congreso al decreto sobre el superávit de los ayuntamientos es una derrota histórica del Gobierno provocada por su debilidad y por su arrogancia. Además, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aclare si va a congelar el sueldo de los funcionarios.
En la sesión de control en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de "no cumplir la Constitución", algo que sí hace Unidas Podemos, por el bloqueo institucional y la falta de apoyo para los presupuestos, Casado le ha contestado que "no van a arrimar el hombro para arrojarse al abismo" y que le ha ofrecido pactar una agencia independiente para controlar los fondos europeos y una despolitización para la renovación de los órganos constitucionales.
Asociaciones de víctimas, la Guardia Civil y los principales líderes de la oposición -Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas- han afeado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mostrara su pésame por el suicidio del etarra Igor González en la cárcel guipuzcoana de Martutene.
El episodio tuvo lugar este martes en el Pleno del Senado, cuando Sánchez lamentó "profundamente" el "suicidio" de este preso de la organización terrorista ETA después de que el representante de Bildu Gorka Elejabarrieta hubiese hecho mención a su fallecimiento para pedir al Gobierno una actualización de la política penitenciaria.
