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La Fiscalía ha presentado una nueva querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que se dirige también contra tres miembros de la Mesa de JxS, por desobediencia y prevaricación al permitir que la cámara aprobara una resolución para celebrar un referéndum de independencia. Esta nueva denuncia de la Fiscalía, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que se suma a la que Forcadell tiene abierta por permitir el debate de la hoja de ruta independentista, se dirige también contra los otros tres miembros de la Mesa de JxS, Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, han eludido confirmar o desmentir este miércoles la reunión que mantuvieron en secreto el pasado 11 de enero en la Moncloa y tan solo se han limitado a reafirmar sus posiciones: Rajoy, que no está dispuesto a hablar para "liquidar España" y Puigdemont, que lamenta que no hay "voluntad de dialogar" sobre un referéndum en Cataluña.

El abogado de Artur Mas en el juicio por desobediencia el 9N ha alegado que el expresidente catalán no se escondió tras una "multitud de voluntarios" ni ordenó retirar los medios públicos puestos a su disposición por la inconcreción del Tribunal Constitucional (TC), que cree que no obligaba a impedir la consulta. Durante la exposición de su informe exculpatorio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el letrado Xavier Melero ha centrado su argumentación en la "falta de concreción" de la providencia del TC del 4 de noviembre de 2014, que suspendía la consulta sin incorporar ningún tipo de advertencia, como había solicitado el Gobierno.

Una urna vacía en el escaño de Irene Rigau, exconsejera juzgada por el 9N, hacía presagiar que el juicio entraría en el hemiciclo. Puigdemont ha hablado de judicialización de la política, mientras que la oposición ha criticado a Mas por escudarse en la falta de concreción del Tribunal Constitucional y ven en Puigdemont un interés electoralista.

El exconseller de Presidencia Francesc Homs ha reconocido este miércoles que, como responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, fue él quien aseguró al Gobierno catalán de que no incurría en ninguna ilegalidad al mantener la consulta del 9N tras la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) porque el Alto Tribunal no aclaró el alcance de su prohibición ni el Gobierno quiso ser "más preciso" cuando impugnó la consulta.