El último informe del Banco de España analiza el alza de los precios en la última década, que aprieta especialmente a jóvenes, población extranjera y a hogares precarios. Así, observa que el número de caseros particulares, que no son grandes propietarios, ha aumentado "de manera sustancial" hasta poseer más del 90% de las viviendas arrendadas a precio de mercado, frente al 8% de las que pertenecen a sociedades, según datos de 2021.
El Gobierno ha avanzado el reglamento sobre alquiler turístico, de temporada y por habitaciones, que creará un registro único para evitar los fraudes. Por ello, si el casero no se registra previamente, no podrá comercializar su vivienda. En 24 horas de RNE, Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, ha reaccionado a la noticia: "Todo lo que sea incrementar la transparencia y la cantidad de información está bien. La pregunta es: ¿hasta qué punto esto va a funcionar para reducir el mercado no licenciado de este tipo de pisos".
Para Jorge Galindo, la clave se encuentra en sí esta nueva normativa se puede trasladar a las plataformas en las que se comercializa este tipo de pisos. El director adjunto de EsadeEcPol, ha resaltado la necesidad de buscar soluciones creativas para la problemática de la vivienda: "Una cuestión que deberíamos considerar en España es la falta de residencias universitarias que existen. También es posible que queden algunas viviendas vacías para rehabilitar, tendría sentido explorar esto". Escuchar la entrevista completa en RNE Audio.
El Gobierno sigue poniendo el foco en la vivienda después de las protestas del domingo. Este martes ha acelerado un reglamento para evitar el fraude de quienes encubren un alquiler de vivienda habitual con contratos de alquiler temporal. El Consejo de Ministros ha aprobado también el nuevo bono para jóvenes con las críticas de Sumar como telón de fondo.
La cédula de habitabilidad es un documento oficial que acredita si una vivienda cumple con los requisitos necesarios de salubridad, higiene y seguridad para poder habitarse sin ser un peligro. Las comunidades autónomas son las encargadas de validar dicho documento, que suele caducar cada quince años, aunque este período puede variar de una comunidad a otra y de la antigüedad del inmueble.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid plantea una huelga de alquileres por la situación de la vivienda en España. Su propuesta pasa por dejar de pagar el alquiler tanto a los caseros particulares como a las grandes empresas. Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili y director de su Cátedra UNESCO de Vivienda, explica en Las mañanas de RNE con Josep Cuní que esto no solo no tiene amparo constitucional, sino que va en contra de diversos preceptos del Código Civil. Si la huelga de alquileres se llegara a producir, Sergio Nasarre señala que habría consecuencias jurídicas, como desahucios o la creación de listas negras, pero también de carácter económico o social, como el "impacto negativo en la oferta de viviendas de alquiler" o que "los propietarios retiren su vivienda del mercado".
El Gobierno asegura que toma nota de la multitudinaria manifestación de ayer Madrid reclamando una vivienda digna. Pedro Sánchez, que ha confirmado que mañana se aprueban otros 200 millones para el alquiler joven, promete contundencia y medidas urgentes. Sumar, socio de coalición, le pide que se intervenga el mercado.
Casi 13 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social en España, según los datos de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español. Hablamos con su vicepresidenta, Lola Fernández, que nos explica como los problemas para acceder a una vivienda digna en España están provocando un incremento de las tasas de pobreza. "La situación de la vivienda está muy ligada con el tema de la pobreza", asegura Fernández, que reclama al Gobierno estatal y a las Comunidades Autónomas que apliquen políticas estructurales contra la pobreza que sean sostenidas en el tiempo y no puntuales para tiempos de crisis.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que su Ejecutivo seguirá "trabajando" para que la vivienda "deje de ser el negocio de unos pocos y se convierta en el derecho de todos". En el acto 'World in Progress Barcelona', Sánchez ha afirmado que su Gobierno ha escuchado la "demanda" de los jóvenes que se movilizaron este domingo en varias ciudades españolas reclamando medidas que bajen el precio de los alquileres.
La hora de la 1
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este lunes sus políticas de vivienda tras la multitudinaria manifestación de la víspera en Madrid. "Estamos actuando con determinación", ha asegurado, y ha expresado su "comprensión" ante lo que considera una "situación de emergencia social".
"Hemos regulado el mercado del alquiler, los pisos turísticos y vamos a abordar los temporales", ha afirmado también, y ha señalado a las comunidades autónomas por no aplicar la ley estatal, que permite limitar los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado.
Foto: Ricardo Rubio / Europa Press
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido este lunes "intervenir" el mercado de la vivienda y ha señalado a las comunidades autónomas por no aplicar la ley estatal que permite "declarar zonas tensionadas y, por tanto, limitar los precios de los alquileres"
"Solo Cataluña lo ha hecho y han bajado los alquileres un 5%, lo tienen que hacer las comunidades autónomas", ha afirmado en una entrevista en La hora de la 1, en la que ha pedido también prohibir la especulación y vaciar los pisos turísticos.
Foto: EFE/Ramón de la Rocha
Miles de personas han salido a las calles de Madrid para protestar por el alto precio de los alquileres y defender el acceso a una vivienda digna. En el informativo '24 Horas Fin de semana' hablamos con Elizabeth Duval, secretaria de Comunicación de la dirección transitoria de Sumar, que defiende que "tiene que haber una negociación con el socio de Gobierno". "Por eso hemos pedido la comparecencia de la ministra de Vivienda, ver si de verdad hay un intento real de gestionar este problema", asegura Duval, que considera que "tiene que escuchar el clamor de la calle". La secretaria de Comunicación expresa que Junts se equivocó cuando votó en contra de la tramitación de la proposición de ley para regular el alquiler de temporada. "Una enorme mayoría del electorado de Junts también comparten las medidas".
