El ministerio de Vivienda se reúne este miércoles con el grupo de trabajo que analiza qué hacer con el alquiler de temporada y el turístico. Por su parte, ayuntamientos de toda España ya están poniendo en marcha medidas para limitar su expansión ante el descontento de sus vecinos.
En Cádiz, el ayuntamiento ha anunciado que no se tramitarán nuevas licencias en el casco antiguo de la ciudad. Además, hará más inspecciones y abrirá un canal para que los vecinos puedan denunciar alojamientos ilegales.
En Vigo, Abel Caballero ha atendido a La Hora de La 1 para explicar que su ayuntamiento suspenderá las ayudas que se conceden a las viviendas para realizar reformas. "La rehabilitación de vivienda se tramita como vivienda, si se dedica a turismo quitamos la ayuda", ha dicho el alcalde, que ha reiterado que los alquileres turísticos tiene que ir por otra vía al ser un uso económico y no residencial del inmueble.
En Santiago de Compostela y Málaga esperan más actuaciones de sus ayuntamientos, mientras el alcalde de Barcelona ya ha anunciado que quiere eliminar todos los pisos turísticos para 2029.
Foto: EFE/David Arquimbau Sintes
Jordi Valls, cuarto teniente de alcalde de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo de Barcelona, defiende que es responsabilidad de los poderes públicos controlar los pisos turísticos y alquiler temporal y garantizar que la vivienda tenga una función social. Da por hecho que habrá una batalla legal, porque hay empresas que tienen intereses muy fuertes en estos sectores y que han aprovechado vacíos legales en los últimos años: “La actividad se ha disparado en los últimos 10, 12 años, como una selva”. Pone ejemplos, como Ámsterdam, Nueva York y los problemas que hay para regularlo, pero insiste en que hay que encontrar la forma. Cree que la ley de Vivienda es un instrumento útil, pero que necesita ciertos apoyos para terminar con problemas como el que, actualmente, está cambiando los centros de las ciudades.
Tener trabajo y no llegar a fin de mes es lo que le pasó a la mitad de las personas que atendió Cáritas el año pasado. Los altos precios del alquiler o las dificultades para conciliar han hecho que el trabajo ya no sea una garantía de calidad de vida. Solo en 2023, la ONG, ayudó a 1,3 millones de personas en nuestro país. Así como, uno de cada tres que solicitaron ayuda estaban en una situación de irregularidad.
El ministerio de Consumo ha abierto una investigación a las plataformas de alquiler turístico por anunciar pisos sin licencia. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, ha explicado en 24 horas de RNE cómo incide el boom del alquiler turístico en el mercado inmobiliario. El catedrático ha incidido en que los pisos turísticos sin licencia representan "casi un 10% de la vivienda que está en alquiler regular", algo que "perturba segmentos concretos del mercado donde hay mucha demanda".
Empieza a haber un movimiento contrario a la proliferación de los pisos turísticos, no solo por parte de los vecinos, sino también por los ayuntamientos, como el de Palma, que ha anunciado que va a prohibir su uso. A raíz de esto, José García Montalvo ha señalado que hay una contradicción entre "las externalidades negativas que genera la abrumadora cantidad de viajeros internacionales y las positivas que tiene sobre el crecimiento económico y el empleo". Así, ha insistido en la necesidad de una regularización porque "es una actividad económica": "En términos de rentabilidad, la gran diferencia es cuando es ilegal porque no paga nada de impuestos".
El Banco de España señala que en el país hay un déficit de 600.000 viviendas nuevas hasta 2025 ¿Por qué? La institución señala al gran desfase entre la oferta y la demanda: cada año se terminan unas 90.000 viviendas, pero se crean 270.000 hogares. Una situación inédita que se nota, sobre todo, en cinco ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante. La otra cara de la moneda es que en España hay 4 millones de casas vacías.
