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La subida de tipos de interés frena la venta de viviendas y en febrero hubo algo más de 50.000 operaciones de compraventa, un 6.6% menos que en el mismo mes de 2022. En este escenario, sale al tablero una pregunta: ¿cuánta parte de sus ingresos dedican los hogares al pago de la vivienda? El esfuerzo económico que tienen que hacer los propietarios ha llegado a valores máximos desde la burbuja inmobiliaria: en 2012, los españoles destinaban el equivalente a casi seis años y medio años de salario bruto para hacer frente al pago de su vivienda, mientras que ahora se destinan casi siete.

Foto: GETTY

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha defendido en Las Mañanas de RNE el plan de vivienda del PP y ha explicado que “no tiene que ver con el bono de alquiler del Gobierno porque aquí planteamos una ayuda a los jóvenes como un complemento a lo que ofrecen las comunidades” y añade que es “para aquellos que tienen una renta recurrente." El bono del Gobierno va destinado a personas con una renta menor a 23.725 euros, pero Bravo ha dejado la puerta abierta a subir el nivel de renta para optar a ciertas ayudas: “Consideramos que la renta media la podríamos poner un poco por encima." Según sus cálculos, aproximadamente 400.000 jóvenes pueden beneficiarse de estas ayudas y sobre el aval del 15% para la compra de la casa, Bravo ha explicado que “permitiría que el banco les ofreciese el 95% del valor de la vivienda en lugar del 80% y hacerles mucho más accesible la vivienda."

El Gobierno ha acordado la nueva ley de vivienda. Entre otras medidas, el texto fija un tope a las subidas del alquiler del 3% en 2024, amplía la declaración de las zonas tensionadas y rebaja de 10 a 5 viviendas el límite para ser considerado gran tenedor.

Pablo Martínez, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, cree que el borrador presenta avances, pero también muchas lagunas: "Hay un conjunto de claroscuros que hacen que millones de inquilinos no vayan a beneficiarse". Asimismo, aboga por una legislación de los alquileres "efectiva", ante la voluntad manifiesta de algunas autonomías de no aplicarla: "De repente la vivienda se convierte en un arma arrojadiza entre partidos que gobiernan distintas administraciones". Con todo, defiende la necesaria intervención en el mercado: "La oferta no se reduce, sino todo lo contrario".

Por su parte, Lorenzo Viñas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, cree que la ley es nociva porque "las viviendas pueden salir del mercado de alquiler e irse al de venta, temporada o turismo". Y añade que "si la oferta se reduce, habrá una falta de vivienda para gente que lo necesita". Viñas señala al "poder público" como el responsable de la falta de oferta porque, según él, es el que tiene que generar la oferta asequible y no lo ha hecho.


El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, ha propuesto varias medidas para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes. En concreto, plantea una ayuda a la emancipación de 1.000 euros, un aval a la compra de un piso del 15%, avalar completamente la fianza para un contrato de alquiler y poner vivienda de alquiler asequible un 40% más barata que el precio de mercado.

Según los últimos datos de 2019, España contaría actualmente con unas 290.000 viviendas de alquiler social, una cantidad "insuficiente" para cubrir las necesidades de vivienda asequible, según apuntan los expertos.

En este contexto, el Gobierno aprueba este martes un plan que promete movilizar 50.000 viviendas para alquiler social. Serían viviendas de la SAREB, del llamado 'banco malo' con el que el Estado absorbió los inmuebles propiedad de las cajas de ahorros que fueron rescatadas en 2008. Muchas de esas viviendas no han encontrado salida y el Gobierno quiere que se destinen a quienes no pueden pagar los precios del mercado.

Foto: GETTY

En relación a la entrega de las 50.000 viviendas en poder de la Sareb que el Gobierno quiere destinar para el alquiler social, Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma Afectadas por la Hipoteca, indica a RTVE que se trata de "una demanda histórica, que llega tarde, pero llega". Delgado sotiene que "hay que leer la letra pequeña y discernir donde están estas viviendas y como se van a traspasar".

  • Con un 2,5% de parque dedicado a esta modalidad, está muy por debajo del 30% de Países Bajos y el 24% de Austria
  • El Ejecutivo destinará 50.000 viviendas de la Sareb al alquiler asequible, pero los expertos indican que no contendrá los precios

España está a la cola en cuanto a vivienda social en Europa. Solo Austria, Países Bajos y Dinamarca destinan más del 20% de su parque inmobiliario a vivienda social. Por otro lado, en Francia y Reino Unido la cifra está entre un 10 y un 20%, mientras que en el Bélgica es del 5 al 10%. A la cola están Alemania, Italia, Portugal o España, que dedican menos de un 5% del parque de vivienda al alquiler social. De hecho, en nuestro país la cifra es concretamente del 2,5%.

Foto: Carlos Luján / Europa Press

Mañana el Consejo de Ministros aprobará la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler asequible. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, considera en Las Mañanas de RNE que “cualquier medida que sea de apoyo de viviendas para que aumente la vivienda en oferta de alquiler asequible es una medida positiva”, pero recuerda que iniciativa detecta dos problemas, por un lado que la Sareb tiene pocas viviendas en las zonas tensionas, y por otro, las condiciones en las que están esas viviendas porque explica que “están mal localizadas dentro de cada uno de los municipios y además, tienen lleva muchos años seguramente cerradas, degradándose, y algunas de ellas tenían calidades cuestionables.” Por lo que insiste que “no va a ser la panacea, pero en algún momento o en algún punto se tiene que empezar.” Andrea González, presidenta del Consejo de la Juventud en España, explica que las personas los menores de 30 años “no tienen las condiciones socioeconómicas favorables para poder acceder a una hipoteca.” Y asegura que de la ley de la vivienda falta por saber cómo quedan reflejadas algunas medidas que no solo tengan que ver con el alquiler sino también de compra o de habitaciones.

Cada vez más pensionistas comparten piso para repartir los gastos. Algo que solía ocurrir entre jóvenes y estudiantes empieza a ser habitual en otros grupos de edad para poder llegar a fin de mes. En España hay nueve millones de pensionistas. 268.000 cobran una pensión no contributiva de menos de 500 euros de media. A muchos de ellos les cuesta llegar a fin de mes. La asociación Hogares Compartidos les ayuda a encontrar compañeros de la misma edad.

Foto: Getty Images

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler asequible. El llamado 'banco malo' es un organismo privado creado en 2012 para vender las propiedades que fueron recuperadas por los bancos durante la crisis de 2008. El Gobierno posee el 50% de las acciones de la Sareb y esta dispone de unos 54.000 inmuebles. 

Informan Leticia Arenas y Mónica Marhuenda

La ley amplía los criterios para declarar las zonas tensionadas, aquellas en las que los precios de la vivienda están disparados y establece dos condiciones. Que el precio del alquiler sumado a los gastos básicos supere el 30% de la renta del hogar, o bien que el coste de esa vivienda se haya incrementado 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años.

El Gobierno ha desbloqueado finalmente la ley de vivienda. El nuevo texto, que se aprobará en las próximas semanas tras alcanzar el Ejecutivo un acuerdo con ERC y Bildu, establece un tope del 3% a las subidas del alquiler en 2024, amplía las consideradas como zonas tensionadas -donde se limitarán todos los alquileres- y reduce la cantidad de pisos que puede tener un propietario para considerarlo gran tenedor.

Foto: EFE/ Paco Paredes

Desglosamos con nuestra compañera de Economía Blanca Pascual, los puntos que incluye la recientemente aprobada Ley de Vivienda y entre los que destaca la regulación de todos los alquileres en las zonas tensionadas, donde los contratos de los pequeños propietarios se renovarán congelando la renta en virtud del alquiler anterior. Y, en el caso de los grandes, se aplicará el índice de contención de los precios. Desaparece el IPC como índice de referencia en la actualización de los precios del alquiler y se elaborará uno nuevo a partir de 2025. Además, se reducen a cinco los alquileres para ser considerado "gran propietario", que también podrán ser consideradas las personas físicas, y los costes inmobiliarios correrán sempre a cargo del propietaro, que tampoco podrá subir el alquiler sumando otros gastos como el de comunidad.