Los sueldos y el alto precio del alquiler son las causas de la baja tasa de emancipación de los jóvenes españoles. El último dato que hemos conocido este lunes la sitúa en los 30 años y medio, por debajo de las cifras previas a la crisis de 2008. La precariedad es la norma para muchos de los que consiguen emanciparse, según el Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud.
Hablamos con Rubén Díaz, técnico responsable del Observatorio de la Emancipación dependiente del Consejo de la Juventud de España. Explica que el 83 % de los jóvenes españoles no se emancipa por los elevados precios del alquiler y los suministros.
Siete de cada diez jóvenes que trabajan siguen viviendo con sus padres. Es uno de los datos que se extrae de la situación de la emancipación juvenil que alcanza una tasa del 17%. Se trata de la mejor cifra desde mediados de 2020, pero lejos de los datos prepandémicos, según el Observatorio de la Emancipación.
Los pisos turísticos se han convertido en la modalidad de alojamiento preferida de los turistas para las vacaciones y, según el INE, entre los turistas extranjeros, este tipo de alquiler ha aumentado un 45% hasta el mes de mayo respecto a 2023. Enrique Alcántara, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, no cree que los pisos turísticos afecten negativamente a la vida de los barrios, "sino todo lo contrario". "Por cada euro que deja un turista en el apartamento, deja tres más en la ciudad, en el comercio de proximidad, en restauración y en museos", pero asegura que el reto es hacer sostenible un equilibrio entre turismo y residencia. "Tenemos que aprovechar la riqueza que genera el turismo y hacerlo compatible con el día a día de los ciudadanos". Alcántara cree que es fundamental que las regulaciones se adapten a cada uno de los destinos, "ya que la realidad de Barcelona es diferente a la de un municipio costero", y explica que "lo importante de la vivienda turística es el alojamiento más flexible".
En Madrid, a pocos pasos del Teatro de La Latina y el Mercado de La Cebada, hay un edificio con 63 viviendas. De ellas, 30 son pisos turísticos. Allí está nuestra compañera Loreto Souto, que ha hablado con algunos de los vecinos: "Hay ruidos, no puedes descansar, tienes una intranquilidad constante, rompen las zonas comunes, aguantamos botellones y despedidas de soltero, a las familias nos están echando", explican. Manuel Osuna, presidente de la Asociación de vecinos La Corrala en Madrid, nos cuenta que les preocupa la inseguridad: "No sabemos a quién estamos metiendo dentro de nuestros pisos. Los vecinos están hartos". "No estamos en contra del turismo, pero estamos en contra de que nos vayan echando de los barrios", asegura Osuna.
La situación también es grave en Canarias, donde "el límite está más que superado", según nos cuenta Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo, que pertenece al movimiento "Canarias tiene un límite". "Hablamos de 16 millones de turistas. Hay territorios mucho mayores, como Australia o Brasil, que reciben menos turistas", dice Coello, que explica que hay que diversificar la economía y no dedicar todos los esfuerzos al turismo.
Desde hace días se repite la misma imagen en Santiago de Compostela: decenas de estudiantes hacen cola desde primera hora de la mañana a las puertas de las inmobiliarias de la ciudad. El objetivo es conseguir un piso para alquilar el próximo curso, que, como en otros puntos de la península como Madrid o Barcelona, está siendo misión imposible.
Foto: EFE/ Ismael Herrero
Los estudiantes de Santiago de Compostela están teniendo muchos problemas para encontrar piso. Desde hace años la situación se lleva arrastrando, pero este 2024 se ha agravado por la falta de pisos. Ha habido jóvenes que han tenido que cambiar la zona de preferencia o aumentar el presupuesto para poder conseguir un piso. Sin embargo, hay otros casos peores como el de Carmen, una estudiante que tenía apalabrado un domicilio desde hace un mes y este pasado 1 de julio le enviaron un correo diciendo que ya no lo tenía, a pesar de haber pagado la fianza.
El ministerio de Vivienda se reúne este miércoles con el grupo de trabajo que analiza qué hacer con el alquiler de temporada y el turístico. Por su parte, ayuntamientos de toda España ya están poniendo en marcha medidas para limitar su expansión ante el descontento de sus vecinos.
En Cádiz, el ayuntamiento ha anunciado que no se tramitarán nuevas licencias en el casco antiguo de la ciudad. Además, hará más inspecciones y abrirá un canal para que los vecinos puedan denunciar alojamientos ilegales.
En Vigo, Abel Caballero ha atendido a La Hora de La 1 para explicar que su ayuntamiento suspenderá las ayudas que se conceden a las viviendas para realizar reformas. "La rehabilitación de vivienda se tramita como vivienda, si se dedica a turismo quitamos la ayuda", ha dicho el alcalde, que ha reiterado que los alquileres turísticos tiene que ir por otra vía al ser un uso económico y no residencial del inmueble.
En Santiago de Compostela y Málaga esperan más actuaciones de sus ayuntamientos, mientras el alcalde de Barcelona ya ha anunciado que quiere eliminar todos los pisos turísticos para 2029.
Foto: EFE/David Arquimbau Sintes
Jordi Valls, cuarto teniente de alcalde de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo de Barcelona, defiende que es responsabilidad de los poderes públicos controlar los pisos turísticos y alquiler temporal y garantizar que la vivienda tenga una función social. Da por hecho que habrá una batalla legal, porque hay empresas que tienen intereses muy fuertes en estos sectores y que han aprovechado vacíos legales en los últimos años: “La actividad se ha disparado en los últimos 10, 12 años, como una selva”. Pone ejemplos, como Ámsterdam, Nueva York y los problemas que hay para regularlo, pero insiste en que hay que encontrar la forma. Cree que la ley de Vivienda es un instrumento útil, pero que necesita ciertos apoyos para terminar con problemas como el que, actualmente, está cambiando los centros de las ciudades.
Tener trabajo y no llegar a fin de mes es lo que le pasó a la mitad de las personas que atendió Cáritas el año pasado. Los altos precios del alquiler o las dificultades para conciliar han hecho que el trabajo ya no sea una garantía de calidad de vida. Solo en 2023, la ONG, ayudó a 1,3 millones de personas en nuestro país. Así como, uno de cada tres que solicitaron ayuda estaban en una situación de irregularidad.
