Estas discrepancias del PSOE se habían evidenciado dos días antes, el 17 de diciembre, cuando en la Ejecutiva del partido se planteó la posibilidad de incluir en el programa electoral una revisión de la situación legal. El planteamiento fue defendido, sobre todo, por Isabel Montaño, responsable de Igualdad del partido. En un principio dio la impresión que José Luis Rodríguez Zapatero apoyaba el cambio pero, tan solo un día después, el presidente del Gobierno descartaba la idea alegando que, antes de dar un paso tan importante, era necesario preparar a la opinión pública.
En las semanas siguientes arreciaron las protestas de políticos conservadores, grupos antiabortistas y, sobre todo, la Iglesia católica. El punto culminante de esta ofensiva tuvo lugar el 30 de diciembre en Madrid. Ese día, la Iglesia convocó a miles de personas a una manifestación en "defensa de la familia cristiana". Por su parte, los grupos antiabortistas echaron más leña al fuego al organizar una campaña contra las clínicas, especialmente contra la Clínica Isadora de Madrid. La persecución fue mas allá y llegó a ser de tipo personal, cuando 25 mujeres fueron denunciadas por interrumpir ilegalmente su embarazo.
Con la llegada de 2008, pasaron al contraataque los grupos pro-aborto. La iniciativa más sonada fue la que protagonizaron un grupo de mujeres gallegas que, en solidaridad con las denunciadas, decidieron autoinculparse y presentaron denuncias contra ellas mismas. A este acto le siguieron varios más, hasta el punto de que las clínicas abortistas advirtieron de la llegada de una "oleada de autoinculpaciones". Para apoyar a los centros médicos, el ministro de Sanidad, Bernat Soria, y el de Justicia, Mariano Fernández-Bermejo, se reunieron con las dirigentes de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la interrupción del Embarazo (ACAI) y les manifestaron su respaldo y su decisión de hacer lo posible para darles seguridad jurídica. El mismo día, 50 colectivos feministas, pro-aborto, sindicales y, en general, de corte progresista, suscribieron e hicieron público un manifiesto en el que pidieron una modificación de la normativa. En concreto, estos colectivos sociales exigen que se modifique la actual Ley del Aborto y para instaurar un nuevo sistema de plazos que permita interrumpir un embarazo de forma legal.
En febrero continua la polémica cuando el Gobierno, en Consejo de Ministros celebrado el primer día del mes, decidió aprobar un marco normativo con mayores garantías para las clínicas y mujeres que se acojan a la actual Ley del Aborto. Con estas medidas, el Ejecutivo se propuso "buscar los mecanismos del Estado de Derecho para garantizar que se pueda ejercer este derecho con equidad y confidencialidad". Dos días después, el 3 de febrero, el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró en la Conferencia Política del PSOE, celebrada en Granada, que la oposición del PP a que se mejoren las condiciones de la Ley del Aborto respondía a un interés oculto por derogarla. Por su parte, ante estos hechos, el presidente popular Mariano Rajoy ha sido contundente en señalar a lo largo de todo este conflicto que, de gobernar, no cambiará la Ley del Aborto y hará lo posible para que se cumpla.
En España, abortar es legal desde el año 1985, cuando el Gobierno socialista de Felipe González confeccionó la llamada Ley del Aborto. La legislación, que sigue en vigor, autoriza la interrupción del embarazo en función de unos supuestos muy claros:
Desde su legalización en 1985, las interrupciones de embarazos han crecido sin cesar en nuestro país. Según un informe del Instituto de Política Familiar, durante el año 2007 se produjeron 101.592 abortos. El incremento es notable, pues la cantidad de operaciones ha crecido un 60% desde 2001, cuando se practicaron unos 63.000. Según el citado informe, en los 22 años que lleva en vigor la ley se han interrumpido más de 1,1 millones de embarazos. Este dato sitúa a España a la cabeza entre los países de la Unión Europea en los que más ha crecido el aborto desde el año 2000. Una gran cantidad de abortos se producen en casos de madres adolescentes. En concreto, un estudio sobre hábitos de vida y salud, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, asegura que en 2005 casi 13.000 adolescentes pasaron por el quirófano. El mismo informe asegura que el número de abortos en menores de edad se ha triplicado desde 1990.