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La Constitución establece la aconfesionalidad del Estado pero, en la práctica, la Iglesia sigue influyendo en la vida pública. Así, ante el 9-M, la Conferencia Episcopal Española ha publicado una nota para orientar el voto católico. En ella, sostiene que "no todos los programas son igualmente compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana" y critica varias leyes promovidas por el Gobierno del PSOE. Saber más
Promocionará la separación entre Iglesia y Estado, y modificará el Código Penal en lo relativo a la libertad de conciencia, para proteger todas las convicciones religiosas. Quiere incorporar las creencias religiosas al desarrollo de la Alianza de Civilizaciones y reflexionar sobre la posible modificación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para garantizar la aconfesionalidad y laicidad del Estado.
No incluye en su programa ninguna medida específica sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia pero su postura ante determinados temas le ha granjeado el apoyo implícito de la Conferencia Episcopal que, sin pedir el voto directamente para el PP, ha criticado la política antiterrorista del Gobierno, y se ha mostrado en contra de los partidos que defienden el aborto y el matrimonio homosexual.
Prometen denunciar los acuerdos con el Vaticano suscritos en 1979 y suprimir los beneficios fiscales de la Iglesia católica. Trabajarán para que la religión esté fuera del currículo y del horario lectivo, para que desaparezca la simbología religiosa de los centros escolares y para que se regule el derecho a la apostasía. Proponen sustituir los símbolos y ritos religiosos por un ceremonial laico.
Desde el partido nacionalista, se oponen a modificar a la baja los acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979 y defienden que el Estado español debe continuar subvencionando a la Iglesia católica.
ERC propondrá medidas para asegurar la aconfesionalidad del Estado. Revisará el acuerdo con la Santa Sede por el que se obliga al Estado a impartir religión en las escuelas y revisará los acuerdos suscritos en 1992 con las confesiones evangélica, islámica y judía. Quieren que el Gobierno autonómico participe en los órganos estatales con atribuciones en materia religiosa.
Coalición Canaria promete en relación a este asunto defender una educación pública, laica, humanística y científico-técnica que favorezca el desarrollo intelectual y la integración social de los alumnos, así como la solidaridad entre compañeros.
BNG propone defender el respeto a la aconfesionalidad del Estado, además de promover la revisión de los acuerdos con la Santa Sede, que siguen reconociendo a la Iglesia un rol incompatible con la aconfesionalidad del Estado.
Chunta Aragonesista promete revisar el Concordato de la Enseñanza de la Religión con la Iglesia para que la religión se imparta con carácter voluntario fuera del horario lectivo y del ámbito escolar.
El partido navarro defiende que la Iglesia católica debe prepararse para hacer frente a la normativa europea, que va a obligar a una revisión muy severa de su posición en el Estado español, fundamentalmente en términos fiscales.
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