El 1 de marzo de 2007, el Congreso aprobó además la Ley de Identidad de Género con la única oposición del PP. La norma permite introducir cambios en los DNI de los transexuales sin necesidad de que se hayan sometido a una intervención de cambio de sexo. En el tintero de las exigencias del colectivo transexual queda aún que los tratamientos hormonales y las operaciones de cambio de sexo corran a cuenta de la Seguridad Social, como reclama el colectivo.
Antes de ganar las elecciones, José Luis Rodríguez Zapatero anunció en campaña que si el PSOE llegaba al Gobierno, la primera ley que aprobaría sería una que ayudara en "la lucha efectiva contra la violencia que padecen las mujeres [...] frente a una política de retoques parciales". Así figuraba entonces en su programa.
La Ley Integral contra la Violencia de Género fue aprobada el 22 de diciembre de 2004 por unanimidad (320 votos a favor), aunque la mayoría de los grupos criticó la rapidez de la tramitación parlamentaria del proyecto. En estos momentos se libra una pequeña guerra de cifras. Los avances en el ámbito judicial, legal y asistencial no frenaron la sangrienta estadística. En 2007 murieron 71 mujeres, una más que en 2004. Tanto la oposición como las asociaciones feministas han criticado que haya aumentado el número de víctimas mientras que el PSOE defiende que el porcentaje se mantiene estable si se compara con el aumento de la población.En cualquier caso, uno de los aspectos más positivos de la entrada en vigor de la ley ha sido el incremento de denuncias por maltrato.
El Gobierno se ha volcado en estos cuatro años en colocar a España al nivel de Europa en política social. Una de las reformas clave en este sentido es la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, aprobada el 15 de marzo de 2007 y que entró en vigor el 23 de marzo de 2007.
El Grupo Popular fue el único que no apoyó la norma y centró sus quejas en que por primera vez se aprobaba un cambio en la ley electoral sin el respaldo mayoritario de la cámara. En este sentido, el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que el 30 de enero de 2008 avaló la paridad de las listas electorales. Uno de los cambios más significativos que ha dado la ley de Igualdad a la conciliación de la vida familiar y laboral ha sido el permiso de paternidad de 15 días.
El 30 de noviembre de 2006 se aprobó en el Congreso la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia con la oposición de CiU, PNV y EA, que consideran que la ley invade competencias autonómicas. El presidente del Gobierno definió la ley de dependencia como "el cuarto pilar del Estado de Bienestar" y las asociaciones de discapacitados han llegado a calificarla como "una de las mejores leyes sociales de este país".
Las comunidades autónomas son las encargadas de garantizar este derecho y hay considerables diferencias entre lo que aportan unas y otras. La Comunidad de Madrid se enfrentó directamente al Gobierno Central y no aportó datos de ningún dependiente hasta que llegó a un acuerdo con el Ejecutivo el 21 de diciembre de 2007. Algunos dependientes han comenzado a percibir sus ayudas y prestaciones económicas, pero en la mayoría de los casos, tendrán que esperar incluso hasta marzo.
Durante el Debate sobre el Estado de la Nación, el 3 de julio de 2007, el presidente del Gobierno se descolgó en el hemiciclo con otra de sus grandes propuestas: las familias recibirán una ayuda de 2.500 euros por cada nuevo nacimiento o adopción. Esta medida de impacto ha sido quizás una de las más criticadas por todos los Grupos políticos. El PP calificó la ayuda de "cheque voto" y Gaspar Llamazares, líder de IU, calificó de "oportunista" la prestación.
En septiembre el Gobierno pactó con ERC una subida de 1.000 euros en la ayuda para madres solteras, niños discapacitados y familias numerosas. El 20 del noviembre se dieron las primeras ayudas y a finales de 2007 se habían cobrado ya casi 160.000 cheques.