El verdadero efecto llamada para quienes escogen España como país al que emigrar no es otro que la prosperidad económica. Pero el camino está plagado de obstáculos. Los que no tienen papeles, no tienen derechos laborales, y quienes disponen de ellos, realizan mayoritariamente actividades poco productivas e intensivas. CCOO denuncia que "la falta de una política de inmigración comprometida ha dejado la planificación de la acogida en manos del mercado que, obviamente, busca el beneficio a corto plazo". En tanto, y dada la escasa natalidad española, los empresarios siguen precisando mano de obra extranjera, hasta el punto de que los expertos hablan de "creciente dependencia de la inmigración".
Por su parte, el Gobierno pretende que la contratación se haga en los países de origen. Pero quienes están decididos a dejarlo todo, no entienden de burocracia, se ponen en manos de mafias y hasta se juegan la vida por llegar a Europa. Un salto que en términos de renta es uno de los más grandes del mundo: sólo 15 kilómetros al sur de la Península Ibérica, en Marruecos,la gente vive con una duodécima parte de los recursos que en España.
La llegada de pateras es la imagen más impactante de la inmigración, pero los expertos coinciden en que a las costas sólo arriba el 5% de los clandestinos.
La colaboración con Marruecos en la última legislatura ha cortado esa vía. Pero en el verano de 2005, cientos de inmigrantes se concentraron en los alrededores de los enclaves de Ceuta y Melilla y asaltaron sus vallas. Al menos 11 personas murieron en circunstancias no aclaradas por Madrid ni Rabat.
Las pateras se centraron entonces en la ruta a Canarias, que quedó desbordada en 2006. Las autoridades detuvieron sólo ese año a 39.225 clandestinos intentando alcanzar las costas españolas. Tras el refuerzo de la vigilancia, las mafias desplazaran sus bases cada vez más al sur, hasta Senegal -algunas travesías superan los 2.000 kilómetros-. En 2007, el tráfico de pateras descendió a menos de la mitad. Pero el balance de muertos sigue en alza, hasta 255 en los 10 primeros meses del año pasado y sin contar los desaparecidos -medio centenar sólo en un naufragio, el más grave del que hay constancia-.
En su programa electoral de 2004, el PSOE proponía un pacto de Estado en materia de inmigración. El 26 de octubre de ese mismo año, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero logró el primer gran acuerdo social de la legislatura -con la patronal y los sindicatos- y abrió un proceso extraordinario de regularización. El Partido Popular se opuso porque consideró que la regularización masiva generaba un "efecto llamada".
El proceso de "normalización", a grandes rasgos, ofrecía papeles a los inmigrantes que llevaban medio año empadronados en España y que tuvieran un precontrato de trabajo. En total, casi 600.000 personas regularizaron su situación. La otra gran medida del Gobierno ha sido lograr la colaboración de los países africanos para contener la inmigración ilegal. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha condicionado sus ayudas a que los países acepten las repatriaciones.
En cuanto a la integración de los inmigrantes, una evaluación de la UE señala dos lagunas del Estado español: el acceso a la nacionalidad y la participación política. Ahora, uno de cada seis niños que nacen es de padres extranjeros, pero sólo los de la segunda generación -los hijos de quienes ya han nacido en España-, son naturalizados automáticamente. Y mientras, los no nacionalizados seguirán sin poder votar -salvo los comunitarios para las municipales-.