Consenso contra el Plan Ibarretxe

La primera oportunidad de confrontar ambas visiones llegó con la reforma estatutaria aprobada en la Cámara vasca el 30 de diciembre de 2004. Dicha reforma no contó con el apoyo de ninguno de los partidos nacionales, por lo que el acuerdo entre Zapatero y Rajoy fue fácil. En una reunión celebrada el 14 de enero de 2005 en La Moncloa, ambos dirigentes pactaron dar una respuesta negativa conjunta a la propuesta de Ibarretxe y crearon una comisión para acordar las futuras reformas de los estatutos de autonomía.

El reto del Estatuto catalán. Enmiendas parciales vs. rechazo frontal

Los trabajos de los ponentes del Estatuto de Cataluña acabaron el 30 de septiembre de 2005 con un acuerdo in extremis entre el tripartito -formado por PSC, ERC e ICV- y CiU en el Parlament. El resultado era un texto de más de 200 artículos que incluía una declaración de derechos, un extenso y pormenorizado capítulo competencial, la denominación de Cataluña como nación y un sistema de financiación similar al régimen foral del País Vasco.

Más allá de las divergencias concretas, el desacuerdo entre PSOE y PP era de partida. Para los socialistas, el pacto entre los partidos catalanes era legítimo en cuanto que contaba con el apoyo de más del 80% del Parlament. Para el PP, una reforma de tal calado no se podía hacer de espaldas al principal partido de la oposición, por lo que debía ser rechazada de plano aún a costa de que el presidente del Gobierno no cumpliese su palabra.

Rodríguez Zapatero aceptó su tramitación y se comprometió a limar los posibles aspectos inconstitucionales en el Congreso. Tras una larga negociación y el acuerdo final entre el presidente y Artur Mas en enero de 2006, el Estatuto catalán recibió el visto bueno del Congreso en marzo. Tras un último ofrecimiento a Zapatero antes de la votación definitiva en el Congreso para consensuar la política territorial, Mariano Rajoy inició una campaña de recogida de firmas para someter a referéndum la unidad de España. Esta iniciativa, que recogió hasta 400.000 firmas, fue rechazada de plano en la Cámara Baja en mayo de 2006.

Los otros estatutos. Acuerdo entre PSOE y PP

Cinco de los seis estatutos aprobados en el Congreso durante esta legislatura han contado con el apoyo de PSOE y PP. Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla y León han sacado adelante sus normas básicas sin grandes dificultades, exceptuando el caso andaluz. Castilla-La Mancha ya lo ha aprobado en sus Cortes y está pendiente de que los diputados den el visto bueno a su texto -acordado de nuevo entre PSOE y PP- en la próxima legislatura.

El punto crítico del proceso de reformas estatutarias fue la tramitación del Estatuto andaluz en las Cortes Generales. El texto fue aprobado el 2 de mayo de 2006 en el parlamento autonómico con los votos favorables de PSOE e IU. El principal escollo para incorporar al PP al acuerdo era la inclusión del término "realidad nacional" en el preámbulo del texto. Finalmente PSOE y PP acordaron que esta expresión tuviera un carácter histórico. Sin embargo, tanto los socialistas como el resto de grupos de la Cámara reprocharon al PP las semejanzas entre el Estatuto de Cataluña y el texto enmendado durante la votación en el Congreso, el 2 de noviembre de 2006. Los populares defendieron que existen dos diferencias entre ambos textos: el respeto a la unidad de España y que nace del consenso entre los dos grandes partidos.

La polémica del agua

Si el Estatuto de Cataluña tenía como principal punto polémico los capítulos dedicados a la definición y a las competencias, el resto de los textos autonómicos destacan por su obsesión por asegurar el suministro de agua a sus ciudadanos. Detrás de estos capítulos sobre la gestión del líquido elemento está el enfrentamiento por el trasvase del Ebro, aprobado por el Gobierno del PP y derogado por el del PSOE.

El principal choque se produce entre los preceptos aprobados por los estatutos de la Comunidad Valenciana, por un lado, y de Aragón, por otro. En el primer caso, el artículo 17.1 de este estatuto dice que se garantiza el derecho de redistribución de los sobrantes de las cuencas excedentarias, lo que en la práctica supondría un respaldo legal a los trasvases. Por su parte, el estatuto aragonés especifica claramente que esta comunidad evitará transferencias de aguas de las cuencas que pasan por la región. El Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse sobre este asunto. Tras una ajustada votación de siete magistrados contra cinco, el TC ha dado el visto bueno del texto valenciano, que fue recurrido por Aragón y Castilla-La Mancha.