Una España cada vez menos católica

El 78% de los españoles, según el CIS, se declara católico; el 36% dice ser practicante y sólo el 18% va a misa al menos una vez al mes. Aunque las encuestas indican una paulatina secularización de la sociedad, la Iglesia está muy presente en ámbitos como el educativo con dos de cada tres alumnos que van a religión. Además, según FERE-CECA, un tercio de los centros de enseñanza privados y concertados son católicos, y en ellos estudian 1,4 millones de alumnos.

La reforma de la relación Iglesia Estado

A día de hoy, la relación Estado-Iglesia se rige por los acuerdos que en 1979 sustituyeron al Concordato suscrito con la Santa Sede en 1953. En 2006, el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE) acordaron la reforma del modelo de financiación de la Iglesia, cuyas claves son:

• Fin de la aportación del Estado y financiación a partir de la aportación de los contribuyentes en su declaración de la renta.
• La cantidad destinada a la Iglesia por marcar la casilla en la declaración pasa del 0,52% al 0,70% del IRPF.
• La Iglesia debe pagar el IVA por sus bienes e inmuebles.

Los obispos ante el 9-M

Cada vez que hay elecciones, la CEE se dirige a los católicos para orientarles "en el ejercicio responsable del voto". Esta vez su consejo va orientado a reivindicar con especial vehemencia la "libertad y respeto para proponer libremente nuestra manera de ver las cosas, sin que nadie se sienta amenazado". El escrito alerta de "los peligros de opciones políticas y legislativas que contradicen valores fundamentales con respecto a la defensa de la vida humana en todas sus etapas desde la concepción hasta la muerte natural y a la promoción de la familia fundada en el matrimonio, evitando introducir en el ordenamiento públicos otras formas de unión".

Sin que haya precedentes, los obispos critican la política antiterrorista del Gobierno, y sostienen, que "no todos los programas son igualmente compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana". Aunque el texto no cita siglas, el PSOE lo ha calificado de inmoral y ha acusado a los obispos de pedir el voto para el Partido Popular.

La Iglesia se manifiesta

Los asuntos que más han enfrentado a la Iglesia con el Gobierno han sido la Ley del "divorcio exprés", la Ley Orgánica de Enseñanza, la reforma legal que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la Ley de Investigación Biomédica, que abre la puerta a la clonación terapéutica.

En diciembre pasado, una cuarentena de obispos participaron en una concentración "Por la Familia Cristiana", en la que acusaron al Gobierno de promover "un laicismo radical que puede llevar a la disolución de la democracia".

La defensa de la familia, contra el matrimonio gay

En 2005 el Congreso aprobó, con los votos en contra de PP y Convergencia i Unió, la ley de reforma del Código Civil que permite los matrimonios homosexuales y reconoce su derecho a la adopción. La Iglesia demostró su rechazo desde el púlpito y en la calle, en una manifestación bajo el lema "La familia sí importa", a la que asistieron Zaplana y Acebes. Colectivos de gays y lesbianas calificaron la marcha de "coletazos de otros tiempos" y al PP de caer en una "deriva homófoba".

Educación para la Ciudadanía

La Iglesia rechaza la Ley Orgánica de Educación aprobada en 2006, por entender que "recorta el derecho fundamental de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, morales y pedagógicas y limita gravemente la libertad de la escuela católica". También esta oposición llevó a la CEE a manifestarse en una concentración en la que también participó el PP.

De los contenidos de la LOE, la CEE rechaza que la religión no se compute para becas, selectividad ni para pasar de curso y está en contra de Educación para la Ciudadanía, por lo que animan a los padres católicos a que se declaran objetores de conciencia en contra de la nueva asignatura.

La apostasía

Darse de baja de los registros de la Iglesia ha sido otro de los asuntos polémicos de esta legislatura. En 2006, IU-ICV promovió una proposición no de ley para garantizar el derecho a la apostasía, que PP y PSOE votaron en contra. Se buscaba resolver los problemas de los apóstatas que se encuentran con unas dificultades que en algunos casos han de dirimir los jueces. El portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, en declaraciones públicas, achacó estas dificultades a la obligación de la Iglesia de "garantizar" que quien quiere apostatar lo hace como una "opción libre, pensada y con conocimiento de causa".