Lágrimas, aplausos y, sobre todo, una gran sensación de descanso se apoderó de la tribuna de invitados del Congreso el 31 de octubre de 2007. Habían pasado casi 70 años desde el final de la Guerra Civil, pero algunas heridas aún seguían abiertas. Intentar cerrarlas era el objetivo de la controvertida ley 52-2007, "por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura". Una normativa conocida por todos como Ley de la Memoria Histórica y que suscitó la polémica en la bancada popular. Saber más
Prometen desarrollar el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca e incluir en el Archivo de la Guerra Civil un fondo documental que reúna en soporte digital toda la documentación disponible en los diversos centros de España y en el mundo.
El partido de Mariano Rajoy ha prometido en su programa electoral que eliminará todos aquellos artículos de la Ley de Memoria Histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. A lo largo de toda la legislatura, el PP se ha opuesto frontalmente a la aprobación de esta ley.
Desde de este partido de izquierdas, se comprometen en su programa electoral a profundizar en esta ley, declarando la nulidad de sentencias del franquismo. Proponen la reconversión del Valle de los Caídos en un centro para la memoria histórica, trasladando los restos de Franco y Primo de Rivera.
Pese a votar a favor tras negociar diversas enmiendas "conciliadoras", CiU considera que la Ley de la Memoria Histórica no era necesaria. Según la formación nacionalista, la memoria histórica es plural y debe buscar la reconciliación. En su programa, solicitan que se cumpla íntegramente la conocida como ley de los papeles de Salamanca.
El partido independentista catalán se compromete en su programa a reformar la Ley de Memoria Histórica para incluir a todas las víctimas y conseguir el retorno íntegro de los papeles de Salamanca.
El PNV dio su apoyo a la Ley de la Memoria Histórica cuando se aprobó en el Congreso. Aunque en su programa no hace ninguna referencia a este tema, el Partido Nacionalista Vasco reclama la restitución de los documentos incautados durante la Guerra Civil.
La formación canaria apoya esta Ley al considerar que repara la memoria de los represaliados por el franquismo sin reabrir viejas heridas.
El BNG está conforme con las enmiendas que supusieron "importantes avances", como la inclusión de la declaración de la nulidad de pleno derecho de las sentencias, la retirada de la simbología franquista o la digitalización de los documentos guardados en los distintos archivos estatales.
Chunta Aragonesista incluye en su programa una propuesta para exigir al Estado la devolución a sus propietarios de la documentación encautada a las administraciones locales aragonesas durante y después de la Guerra Civil.
Pide la devolución de los papeles de Salamanca a Euskadi, la nulidad de los juicios franquistas y que las víctimas de los abusos policiales tengan la misma consideración que otro tipo de víctimas.
Desde el partido navarro defienden que la ley no satisface a nadie, debido a que parte de la sociedad sigue en el "bando perdedor" y su memoria debe ser aún restituida. Además, consideran que la aplicación de la ley exigirá reformas inmediatas.