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En 2004, ETA se encontraba en una situación complicada. Aznar había seguido una dura política de acoso que llevó a la cárcel a más de 450 terroristas y colaboradores. Esta estrategia contó con el apoyo del PSOE, que firmó con el PP y el Gobierno un Pacto de Estado contra el Terrorismo en 2000. La situación de arrinconamiento de ETA era tal que su actividad se había reducido notablemente: las últimas víctimas mortales se remontaban a mayo de 2003.
En el programa electoral del PSOE para las elecciones de marzo de 2004 se podía leer: "Nos comprometemos a la observancia estricta de la Constitución y por tanto rechazamos cualquier negociación que implique el pago de un precio político democrático por el fin de la violencia.
Con una España todavía en estado de shock por los atentados islamistas de marzo, José Luis Rodríguez Zapatero asumió la tarea de gobernar y, a los pocos meses de llegar al poder, planteó la posibilidad de entablar conversaciones con ETA. El proceso de acercamiento cobró carta de naturaleza el 14 de noviembre de 2004, cuando Batasuna propuso en San Sebastián la apertura de un proceso negociador y una consulta popular sobre la independencia del País Vasco. A partir de ahí se multiplicaron los signos que hablaban de contactos entre el Gobierno y la banda.
Por fin, tras una violenta traca final de atentados con bombas, el 16 de enero de 2005, ETA publicaba un comunicado en el que ratificaba la oferta de negociación hecha por Batasuna en noviembre. El día 17 de mayo, el Congreso otorgaba una autorización especial al presidente para entablar conversaciones con ETA. Unos días después, el 21 de junio, representantes del Gobierno y de ETA se reunían en Suiza.
Aunque tardó un mes más de lo prometido, el 22 de marzo de 2006, ETA declaró un alto el fuego permanente, que fue acogido con entusiasmo y prudencia. Ese día, en el Congreso, Zapatero dijo: "Estamos convocados y estamos obligados a emprender este difícil y largo proceso de paz".
Sin embargo, el Partido Popular nunca apoyó el proceso y amplios sectores de la sociedad se alinearon con los populares en una larga campaña contra la política antiterrorista del Gobierno y contra la negociación. En este enfrentamiento destacó la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que el día 11 de junio reunió en Madrid a cientos de miles de personas para protestar contra las conversaciones con ETA. Tras el verano de 2006, ETA introdujo un matiz en el diálogo: pidió al Gobierno que se formase una Mesa de Partidos para debatir el futuro del País Vasco. El Ejecutivo, descontento, continuó las negociaciones, pero pronto quedó claro que el proceso estaba en vía muerta.
El día 29 de diciembre de 2006, Zapatero decía que "en materia terrorista estamos mejor que hace un año y dentro de un año estaremos mejor que ahora". Como contrapunto a sus palabras, ETA detonaba una bomba en la Terminal 4 de Barajas. En el atentado murieron dos ciudadanos ecuatorianos, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. La tregua quedó pulverizada. El Gobierno dio por "liquidado" el proceso y anunció un endurecimiento de la acción policial. Más tarde se sabrá por boca de Zapatero que, todavía en los tres primeros meses del año, hubo encuentros entre ambas partes.
En los días siguientes al atentado de Barajas, el Gobierno trató de reorganizar un consenso político. Zapatero acudió al Congreso el 15 de enero para pedir el apoyo de las fuerzas políticas pero no obtuvo el respaldo del PP. Esta división quedó patente cuando el 4 de febrero el PP secundó una nueva manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Madrid.
Este distanciamiento hizo que no fuera posible reunir el Pacto Antiterrorista en todo el año 2007, a pesar de que el Ejecutivo organizó varias reuniones preparatorias. A finales de febrero, el PP aseguró que renunciaba al Pacto y en marzo, el día 10, convocó una manifestación multitudinaria en Madrid para pedir la dimisión de Zapatero. Fue el punto culminante de la pugna que sostuvo el PP con el Gobierno por culpa de la prisión atenuada para el etarra Iñaki De Juana Chaos.
Por fin, el 6 de junio de 2007, ETA anunció oficialmente el fin de la tregua. La banda reabrió "todos los frentes" y aseguró que "no se dan las condiciones mínimas".
La detención de Arnaldo Otegui tras el anuncio del fin de la tregua, fue el inicio de un giro en la posición gubernamental hacia el terrorismo y su entorno. Se firmaron acuerdos de colaboración con Francia y Portugal y las detenciones se incrementaron. En estos últimos meses, ETA ha tratado de responder con atentados, pero en España no ha logrado pasar de bombas de escaso efecto. Tan solo el cometido el día 9 de octubre contra Gabriel Ginés, escolta de un concejal socialista de Galdakano, causó daños importantes, ya que Ginés resultó herido de consideración.
Sin embargo, en Francia llevó a cabo un atentado sin precedentes: el día 1 de diciembre, en Capbreton, un comando se encontró con los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno. Los agentes, que iban desarmados porque colaboraban con la gendarmería francesa, fueron asesinados fríamente.
Tras los asesinatos de Capbreton, ETA ha seguido tratando de atacar objetivos en España, pero la eficacia policial ha sido tan elevada que Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, aseguró a principios de febrero que, de seguir así las cosas y si ETA no lograba un atentado serio antes de las elecciones, lo siguiente sería la "entrega de las armas".
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