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La primera medida que toma el nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 es crear el Ministerio de Vivienda, con Mª Antonia Trujillo al frente. Sus objetivos son luchar contra la especulación urbanística y facilitar el acceso a los pisos. El primer Plan de Choque que lleva a cabo prevé construir 180.000 viviendas públicas en cuatro años, una Agencia Pública de Alquiler y ayudas de 792 millones.
Paralelamente a las primeras acciones del Gobierno, a principios de 2005, el Banco Central Europeo publica un informe en el que alerta de que España es uno de los países de la Eurozona en los que se da un encarecimiento desmesurado de la vivienda. El Fondo Monetario Internacional, a su vez, recomienda al Ejecutivo socialista, en un artículo publicado en febrero, que suprima gradualmente las deducciones fiscales por compra de vivienda y que reforme urgentemente la regulación sobre el mercado del suelo.
El 1 de julio de 2005, el Consejo de Ministros aprueba el Plan de Vivienda 2005-2008 con un presupuesto de 6.822 millones de euros para construir VPO, subvencionar préstamos y rehabilitar viviendas, entre otras medidas. La polémica estalla con la propuesta de construir "minipisos", pisos protegidos de alquiler de 30 a 45 metros cuadrados por precios que van de los 395 a los 489 euros. Esta medida finalmente se incluye en el plan.
El 20 de junio de 2005, la Plataforma por una Vivienda Digna convoca una de las primeras grandes manifestaciones en Madrid, aunque el movimiento se extiende por otras regiones españolas. Reivindican, principalmente, que los gobiernos central y autonómicos inviertan en vivienda pública y que se controle el crecimiento "artificial" del precio del suelo.
En marzo de 2006 surgen nuevas críticas por el Kelifinder, un servicio financiado por el Ministerio de Vivienda para informar a los jóvenes de las convocatorias de ayudas y de futuras promociones de VPO. El Consejo de la Juventud de España reparte 10.000 pares de zapatillas con el logotipo de "Kelifinder" para que los jóvenes se "pateen toda la ciudad".
En el mismo 2006 se destapa el Caso Malaya. Es la mayor operación policial y judicial contra la corrupción urbanística de la legislatura. La primera fase se inicia en marzo en seis ciudades españolas, la principal, Marbella. Esta parte de la operación se salda con la incautación de bienes por valor de 2.600 millones de euros y 29 detenidos, entre la cúpula del ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol.
Más tarde se suceden otras dos fases, hasta julio de 2007, cuando el que fuera juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, incoa el sumario del procedimiento e inicia la segunda fase de la instrucción, en la que los procesados deberán declarar ante el juez. Otros casos destacados de supuesta corrupción han sido los de Mogán y Telde, en Gran Canaria (gobiernos municipales populares); Seseña, en Toledo (donde el gobierno municipal de IU ha denunciado la recalificación de suelo); Ciempozuelos, en Madrid (gobierno socialista) y Andratx, en Mallorca (gobierno popular).
En 2007 el Congreso de los Diputados aprueba la Ley del Suelo, con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción del PP. Entre otros, fija que el 30% del suelo edificable se destine a VPO y que los ayuntamientos informen públicamente de sus políticas urbanísticas. El PSOE introdujo, a través de una enmienda, la obligación de revisar los proyectos que prevean incrementar la superficie urbanizada por encima del 20% de la población del municipio o ámbito territorial que se vaya a construir.
La última medida de gran calado del Gobierno, que entró en vigor el 2 de enero de 2008, ha sido la Ayuda a la Emancipación y Fomento del Alquiler. Consiste en la concesión de ayudas de 210 euros a los jóvenes de entre 22 y 30 años que alquilen un piso, deducción fiscal del 10,05% para los inquilinos con ingresos inferiores a unos 28.000 euros brutos anuales y flexibilización de las condiciones de las ayudas para los propietarios de viviendas vacías que opten por ponerlas en alquiler.
El Euríbor, el índice de referencia más usado para calcular las cuotas hipotecarias, ha marcado el tema de la vivienda durante toda la legislatura por la escalada que ha experimentado, especialmente en 2007. En diciembre cerró con el nivel más alto desde el año 2000, con un 4,793%. En enero se situó en el 4,508%, según datos difundidos por el Banco Central Europeo.
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